lunes, 25 de febrero de 2008

VUELVE LA CULTURA DEL OTORONGO


La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sometió a reconsideración la acusación constitucional contra el legislador, representante de Junín, Ricardo Pando Aquino, por una contrata irregular en personal de su entorno.
Compartimos con ustedes un extracto del interesante artículo publicado en el último boletín virtual de Justicia Viva, en el cual analizan el trato con "guantes de seda" brindado hacia el legislador Ricardo Pando. (La foto es de Andina).

TULA BENITES Y RICARDO PANDO: UNAS DE CAL Y OTRAS DE ARENA

(21 de febrero, 2008)

Por: Natalia Torres Zúñiga
Tomado de Justicia Viva

(...)

El otorongo Pando


Por otra parte, relacionado a este tema, se encuentra el caso del congresista fujimorista Ricardo Pando quien fuera denunciado desde el 2007 por el procurador del Parlamento al haber contratado a una "auxiliar fantasma”. A diferencia del caso de Tula Benítes, quien por hechos similares, fue acusada por los delitos de colusión, peculado y falsedad genérica, en el caso de este congresista el informe preparado por el legislador Carlos Bruce de Alianza Parlamentaria solo lo acusó del residual delito de falsedad genérica.

En nuestra opinión la acusación contra Pando debió también vincularse a los delitos de peculado y colusión, pues su conducta claramente lo señala como partícipe del delito del primero y autor del segundo. Ahora bien, acusar a una persona únicamente por el delito de falsedad genérica es propiciar que en el proceso penal respectivo, se declare infundada la denuncia debido a que este delito suele ir de la mano con la probanza de la comisión de otros ilícitos contra la administración pública, como ya hemos mencionado.

Si bien esto ya refleja las incoherencias en el manejo de las denuncias constitucionales al interior de la Sub Comisión de Acusaciones, y ausencia de un serio compromiso por combatir la corrupción, ello ha sido más palpable aún cuando en la sesión del 18 de febrero, Pando fue salvado por los votos apristas, fujimoristas y de UPP, no aprobándose el informe acusatorio (la fujimorista Martha Moyano, los apristas José Vargas y Julio Herrera y la opositora Karina Beteta (UPP) hicieron mayoría para rechazar la propuesta) (La República, 19/02/08).

Esta situación, sin duda, demuestra una actitud de muchos congresistas de cuidarse las espaldas con la finalidad de salvar a sus colegas, aunque sus actos sean no sólo sean impropios sino además ilícitos penales. Por eso no es de extrañar que cuando una semana atrás se sometió a voto el caso de Tula Benítes en la Sub Comisión, los fujimoristas votaron en contra del informe preparado por el congresista Otárola, con la finalidad de conseguir el apoyo del APRA para frustar la eventual aprobación de un informe que debió tener el mismo cariz que el de Benítes.

El “otorongo no come otorongo” nuevamente se aplica a esta situación y de mantenerse esa actitud, será difícil dar el ejemplo de lucha anti-corrupción que el Gobierno quiso dar con la creación de la ONA (Oficina Nacional Anticorrupción).
Esperamos que en el Pleno –cuando se decida la situación de Tula Benítes– y en la reconsideración del caso Pando al interior de la Sub Comisión por Bruce, esta situación cambie y la realidad de los hechos y la imagen del Legislativo sea lo que prevalezca.


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