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martes, 18 de agosto de 2009

CIDH ADMITE DEMANDA POR CONTAMINACIÓN EN LA OROYA

Foto de Paúl Vallejos - Perú 21 (Ver la galería completa aquí)

Justo cuando pensábamos actualizar el caso Doe Run Perú y la contaminación que genera en La Oroya, desde una perspectiva de derechos humanos, nos enteramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda presentada contra el Estado peruano. Aquí un recuento de los hechos en cinco actos.

Primer acto. Luego de un prolongado proceso, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia por el caso La Oroya. El gobierno peruano ha acatado a regañadientes parte de esta sentencia. Pero no cumple, por ejemplo, con brindar "atención médica especializada de niños y mujeres gestantes", tal como exige el tribunal. Esta sentencia fue emitida en mayo de 2006.

Segundo acto. Ya para entonces, las organizaciones AIDA, Earthjustice y CEDHA, junto a la SPDA por Perú, habían solicitado ante la CIDH que otorgue medidas cautelares urgentes "para evitar graves daños a la vida, la integridad personal y la salud" de pobladores de La Oroya. Uno de los pedidos puntuales era que ordene al Estado peruano para que realice un "diagnóstico" y brinde "atención médica adecuada" a los afectados. Esta solicitud fue presentada en noviembre del 2005.

Tercer acto. Independientemente de tal solicitud, las mismas organizaciones presentaron una demanda de caso, pidiendo a la CIDH que determine la responsabilidad del Estado peruano en este atentado contra los derechos humanos (la vida y la salud y otros) de los pobladores de La Oroya. Esta demanda fue presentada el año 2006.

Nótese que son dos procesos distintos. Sigamos.

Cuarto acto. La CIDH emite un primer pronunciamiento, en respuesta a la primera solicitud de medidas cautelares urgentes, exigiendo al Estado peruano la implementación de un diagnóstico médico y "tratamiento médico adecuado y especializado" para quienes se encuentren en peligro. ¿El Estado atendió este pedido? No. No hubo diagnóstico. Menos tratamiento especializado. Este primer pronunciamiento fue emitido el 31 de agosto de 2007. (Ver documento de referencia aquí).

Quinto acto. Pues bien, la CIDH acaba de admitir la demanda de caso para determinar la responsabilidad del gobierno peruano por quedarse de brazos cruzados frente a un grave problema de afectación a derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana de Derechos como la vida y la salud.
El sexto acto lo escribirá Alan García al decidir si otorga o no una enésima ampliación del PAMA al multimillonario dueño de Doe Run, Ira Rennert, para que se siga enriqueciendo a costa de la salud de los pobladores de La Oroya. Pregunta para Alan: con niños contaminados con plomo y otros metales en la sangre ¿el Perú avanza?

Gracias a AIDA, aquí tienen el texto íntegro de la CIDH:
CIDH Admisibilidad La Oroya 09-08

También puedes bajar el documento de nuestro archivo de Scribd (Primero debes crearte una cuenta).
Nota: Pueden ver una amplia explicación del tema en Actualidad Ambiental de la SPDA.

viernes, 4 de abril de 2008

CASO LA OROYA EN INFORME DE LA CIDH


El Ministerio de Salud del Perú al fin se animó a cumplir con su deber: brindar atención especializada a niños afectados por la contaminación que genera la actividad minera. Al menos eso se advierte para el caso de los 47 menores que llegaron a Lima con su equipaje de plomo en la sangre. En efecto, todos presentan niveles altos de plomo en la sangre, producto de la contaminación en Cerro de Pasco.

¿Debemos felicitar al ministro Hernán Garrido Lecca? No hay por qué. Al contrario, el discípulo del presidente Alan García debe explicar por qué tanta dilación para brindar similar tratamiento a los afectados por la contaminación en La Oroya, producto de la contaminación generada por la empresa estadounidense Doe Run Perú.


Sólo en nuestro país las autoridades esperan que los problemas se ventilen en instancias supranacionales como es el caso de La Oroya que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en agosto del 2007, otorgó medidas cautelares a favor de 65 moradores de la ciudad "metalúrgica". El caso ha sido incluido en el Informe anual 2007 de la CIDH que usted puede revisar en: http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/cap3c1.sp.htm.

(Foto de Andina y archivo HYT)