Merea y Pariona: investigados por presunto vínculo con el narcotráfico

Caretas: Edición 2299. 5 de setiembre de 2013

Algo que caracterizó al régimen Fujimori-Montesinos, además de las violaciones a los derechos humanos y la corrupción institucionalizada, fue la influencia del narcotráfico en las más altas esferas del poder. Frases como el "narco avión presidencial" o el "narcogobierno" corresponden precisamente a esta década. 

Dos autoridades de la región Junín ligados precisamente al fujimorismo son citados en el informe que publica la última edición Caretas sobre la presencia del narcotráfico en la política: Federico Pariona (congresista) y César Merea (electo alcalde de Satipo e inhabilitado por el JNE en julio de este año).  Tomando como fuente a Jaime Antezana, Caretas vuelve a deslizar la idea de que Pariona recibió financiamiento para su campaña de parte de Merea.

Sobre este último, la suma de una serie de acontecimientos suscitados desde 1996 parece más que explícita: "desaparición" de sacos de cocaína en Satipo, alojamiento de narcos del cártel de Tijuana en Piura, "desaparición" de un expediente judicial e incluso la absolución en un juicio por parte de un juez vinculado a Montesinos. El caso sin duda merece una investigación a profundidad.

Esto es lo que publica Caretas:

"Otro nombre que se repite en las investigaciones de la procuradora Medina y de Antezana es el del alcalde de Satipo, César Merea.

Antezana sospecha que Merea financió la campaña del congresista Federico Pariona (Fuerza Popular), pero no hay prueba de ello, pues el legislador no ha presentado sus gastos de campaña ante la ONPE.

Merea, un comandante del Ejército en retiro, fue procesado por narcotráfico por la “desaparición” de 6 sacos de cocaína de la sede del Comando Político-Militar de Satipo, del cual él era el jefe, en 1996.

La Sala Superior Mixta Antidrogas de Lima lo sentenció a 14 años de prisión en 1998, pero fue absuelto en apelación por el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano, vinculado a Vladimiro Montesinos.

Merea volvió al Ejército, pero en 2004 fue acusado de alojar en el Casino Militar de Piura a narcotraficantes del cártel de Tijuana que enviaron toneladas de cocaína en pota a México, según la Policía.

El 18 de octubre del 2010 el abogado y ex fiscal Florencio Grández denunció que el expediente Nro. 092-1996 –con la investigación por presunto tráfico de drogas contra Merea– había sido “sustraída o desparecida” del Poder Judicial.

Gracias a este suceso, Merea postuló y salió elegido alcalde de Satipo por la agrupación fujimorista Fuerza Popular, en 2010.

En noviembre de ese mismo año, Merea contrató al hoy congresista Pariona como Gerente de Desarrollo Económico.

"Solo trabaje dos meses con él. Menos aportó para mi campaña”, sostuvo Pariona a CARETAS. Merea, por su parte, dijo a esta revista que el parlamentario era su amigo y que, incluso hoy, su hermano Javier Pariona trabaja con él como subgerente de Maquinarias en el Municipio de Satipo".

Trabajadores de Doe Run Perú agreden a ambientalistas italianos

Estas imágenes parecen resumir el estilo de intervención de la empresa contaminadora Doe Run Perú (DRP) y de su propietario Ira Rennert, y de sus cabezas más visibles en Perú, Juan Carlos Huyhua y José Mogrovejo: a patada limpia, como animales.

Los hechos se produjeron el viernes 23 de marzo. El Colegio de Ingenieros del Perú en Junín había convocado a un foro sobre el problema de Doe Run Perú. El certamen fue organizado a la medida de los intereses de DRP: expositores que coinciden con el pedido de otorgarle una nueva ampliación a esta empresa para que culmine su PAMA (a excepción de la representante del proyecto El Mantaro Revive), y un público constituido mayoritariamente por la portátil-trabajadores de DRP.

En el certamen no se dijo nada de los niños que nacen como plomo en la sangre, no se hizo mención a la mejora de la calidad del ambiente desde que el complejo metalúrgico de La Oroya dejó de funcionar, nada sobre la presencia de otros metales en la sangre de la población oroína, y no hubo mayor información sobre el impacto negativo de la contaminación que alcanza a la provincia de Concepción del valle del Mantaro.

Lo que sí hubo fue golpe, insulto, para quienes legítimamente se muestran en contra de una nueva ley complaciente para la DRP. Mientras los expositores y público vivían una suerte de evento de camaradería en el auditorio Nuestra Señora del Valle, en las afueras un grupo de trabajadores decidió agredir físicamente y verbalmente a dos jóvenes italianos que llegaron a Perú en condición de voluntarios ambientalistas para el proyecto El Mantaro Revive.

El Mantaro Revive es un proyecto de Cáritas Huancayo que, como muchos recuerdan, impulsó un estudio científico cuyos resultados demuestran objetivamente eso que a DRP le molesta: la contaminación no afecta solo a La Oroya sino, incluso, al valle del Mantaro, y la población no solo tiene altos niveles de plomo en la sangre, sino también de otros metales.

Y como a DRP no le gusta que se conozca la verdad, opta por estrategias de presión a través de sus trabajadores, llegando a extremos como esta agresión que indigna:

Investigan a general PNP Basilio Grossman por peculado de uso

Mientras en el VRAE, jóvenes integrantes de las fuerzas del orden ofrecen hasta sus vidas en la lucha contra el narcoterrorismo, en Huancayo altos mandos de la Policía Nacional del Perú tienen tiempo para esto:

Estas imágenes ya forman parte del expediente, en la investigación preliminar iniciada por la fiscalía anticorrupción por presunto delito de peculado de uso.


P.d. Solidaridad con los periodistas Walter Campos, Olivia Medina y Marilyn Fernández, quienes también tenían esta información pero hubo censura en el medio en el que trabajan: canal 43 de Huancayo. Los tres periodistas, en un acto de dignidad, renunciaron.

Doe Run Perú: La hora cero (Cuarto Poder)

Comisión del Congreso aprueba dictamen a favor de Doe Run en 24 horas

Children of lead (Foto: Michael Mullady)

El Congreso de la República merece un premio a la eficiencia. Un premio a la eficiencia, cuando de favorecer a particulares se trata. Sería coherente que ahora, desde su lujosa manción en Estados Unidos, el amo y señor de este Congreso, Ira Rennert, otorgue a los legisladores de la Comisión de Energía y Minas una medalla por haber aprobado maratónicamente, en 24 horas, un proyecto de Ley que favorece olímpicamente a la contaminadora Doe Run Perú. Qué tal eficientes, señores. Congratulations!

El jueves en horas de la tarde, inesperadamente la bancada "nacionalista" presentó ante el Congreso el nuevo proyecto de Ley N° 925, el mismo que, a diferencia del proyecto de Ley N° 923 presentado por el fujimorismo, se muestra complaciente a favor de Doe Run Perú (o sea, a favor de que Ira Rennert siga alimentando sus cuentas bancarias, a costa de la salud de miles de pobladores de La Oroya).

El proyecto 923, presentado por los fujimoristas, planteaba que Doe Run Perú podía reiniciar sus actividades, pero antes tenía que culminar su PAMA. Este proyecto no fue tomado en cuenta.

Queda clara la estrategia de Doe Run Perú: esperar hasta el último momento para presentar un proyecto de ley y lograr su aprobación, en forma maratónica, en un abrir y cerrar de ojos, en tan solo 24 horas, en la Comisión de Energía y Minas. No hubo el mínimo debate (ojo, un verdadero debate).

Para la Comisión de Energía y Minas, o Comisión Doe Run Perú, la palabra "debatir" es sinónimo de "copiar-pegar". Si no, revisen el proyecto de Ley 925 y el dictamen aprobado. El texto de ley aprobado es el mismo de los nacionalistas, el mismo que atiende a los intereses de la contaminadora. (El siguiente paso es lograr la aprobación de este proyecto complaciente en el pleno del Congreso.)

1. Dictamen de la Comisión de Energía y Minas (vayan directo a la página 10 y siguientes)

Dictamen del Congreso a favor de Doe Run Perú

Proyecto de Ley de los "nacionalistas" (página 01 y siguientes)
Proyecto a favor de Doe Run de bancada nacionalista

Nuevo proyecto de ley en caso Doe Run: primero culmina tu PAMA

Siete integrantes de la bancada fujimorista, liderados por Rolando Reátegui Flores, acaban de presentar un nuevo proyecto de Ley alternativo en el espinoso caso de la contaminadora e incumplira Doe Run Perú (DRP).

A diferencia del proyecto complaciente del "representante" de Junín, Casio Huaire Chuquichaico, esta nueva iniciativa legislativa plantea, en resumen, dar luz verde al reinicio de las actividades del complejo metalúrgico de La Oroya, peeero... un momentito, señor multimillonario Ira Rennert (dueño de DRP), primero métete la mano al bolsillo, invierte y culmina el PAMA. Ah, y tienes como plazo máximo un año.

Este proyecto se constituye en una propuesta alternativa y encaja con lo planteado por el Arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto Jimeno, quien dijo en forma reiterada que no se opone al reinicio de las actividades metalúrgicas en La Oroya, pero previamente Doe Run Perú debe culminar su PAMA. Así de sencillo. Ira Rennert, métete la mano al bolsillo.

Aquí tienes el texto íntegro del nuevo proyecto de Ley:

Proyecto de Ley 923 Caso Doe Run

Karina Espinal fustiga a congresista Huaire por caso Doe Run Perú



Karina Espinal Gutarra

En el Día Internacional de la Mujer, la excandidata al Congreso de la República por Perú Posible, Karina Espinal, criticó al parlamentario de su organización política, Casio Huaire, por el proyecto de Ley presentado para favorecer a la empresa Doe Run Perú, mediante una nueva ampliación del plazo para que culmine su PAMA (Programa de adecuación de manejo ambiental), en perjuicio de la salud de las mujeres y niños de la ciudad de La Oroya.

Karina Espinal consideró como "politiquería barata" el accionar de Casio Huaire y deslizó la idea de que el citado legislador buscaría pagar favores políticos con el proyecto de Ley que favorece a la compañía metalúrgica que a la fecha busca una ley que le permita reiniciar sus actividades, no obstante haber incumplido con sus compromisos ambientales.

A continuación un extracto de sus declaraciones ofrecidas en el programa radial Exitosa Noticias Huancayo:

Alcalde de Junín sobre Doe Run: Nadie en su sano juicio puede apoyar a una empresa tramposa

Alcalde de Junín, Luis Solórzano Talaverano.

El alcalde provincial de Junín, Luis Alberto Solórzano Talaverano, expresó su rechazo a la aprobación por parte del Congreso de la República de una nueva ley a favor de la empresa Doe Run Perú, mediante la cual se espera otorgarle una nueva ampliación para que culmine su PAMA (Programa de Adecuación de Manejo Ambiental).

“Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda apoyar a una empresa metalúrgica tramposa que toda la vida, desde el año 2004, le viene sacando la vuelta al Estado peruano. Yo lamento mucho que el Estado, tanto en la legislatura del gobierno anterior como en el de ahora, esté sucumbiendo a ese gran poder económico. Yo creo que acá el Estado tiene que ser fuerte en hacer cumplir las leyes”, expresó el burgomaestre, al tiempo de recordar que en forma reiterada la mencionada empresa se ha burlado de las leyes peruanas.

“No es posible que un Estado que se llama soberano como el Perú tenga que sucumbir ante una empresa metalúrgica caprichosa”, subrayó la autoridad edil, con lo que queda desmentido el contenido del comunicado publicado hace unos días por la empresa Doe Run Perú en distintos medios impresos, haciendo mención que la región central del país respalda la reactivación de las actividades de dicha compañía.

En entrevista telefónica con el programa radial Exitosa Noticias Huancayo, el burgomaestre expresó su solidaridad con Monseñor Pedro Barreto, luego de las amenazas de muerte vertidas en su contra. “Mi apoyo y solidaridad para monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, quien de manera incansable ha venido librando una batalla en defensa del derecho ambiental, y lamentablemente a muchos no les gusta”, expresó.

A diferencia de las autoridades ediles de La Oroya que vienen respaldando a la empresa Doe Run Perú, el alcalde de Junín recordó que su gestión ha formulado una denuncia penal contra varias empresas mineras que a la fecha vienen contaminando las aguas del lago Chinchaycocha.

“Pedimos que el Estado sea fuerte, firme y contundente, y sancione a esa empresa metalúrgica (Doe Run Perú). Si se aprobase ese proyecto de Ley (de la nueva ampliación del PAMA), se va a dejar un mal precedente”, mencionó el alcalde y dijo estar de acuerdo con Monseñor Barreto en su pedido para que la empresa culmine previamente su PAMA, antes de pretender reiniciar sus operaciones.

Aquí el audio de la entrevista:

CNDDHH rechaza amenazas contra Monseñor Barreto y demanda una solución efectiva a la salud ambiental de La Oroya

Monseñor Pedro Barreto (Foto La Mula)

PRONUNCIAMIENTO

La CNDDHH, en representación de 79 instituciones defensoras de los derechos humanos expresa su total rechazo a las amenazas de muerte sufridas por Monseñor Pedro Barreto Jimeno el día 01 de marzo de 2012. Un miembro de la Pastoral Social de Dignidad Humana(Pasdih) de Huancayo, recibió una llamada telefónica en la que se amenazaba de muerte a él y a Monseñor Pedro Barreto Jimeno, quien recibió el Premio Nacional de la CNDDHH el año 2010. La llamada decía: “Tú y tu jefe se van a ir al cielo, vayan comprando su ataúd”. Estas amenazas también las ha recibido la ingeniera Paula Meza, directora del Proyecto El Mantaro Revive, organismo que realiza labores de investigación social y técnica en La Oroya.

Estos hechos se producen luego del pronunciamiento público de la Arquidiócesis de Huancayo que pide el respeto del derecho a la salud de los ciudadanos de La Oroya ante el inminente inicio de las operaciones de la empresa Doe Run Perú, en la ciudad de La Oroya, sin haber cumplido con su Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). Por eso mismo, Monseñor Barreto consideró indigno que se amplíe el PAMA.

Exhortamos al gobierno central y a los congresistas a parar la ley de ampliación por tercera vez del PAMA de Doe Run que está en debate en estos días. Esta iniciativa legislativa promovida por el congresista Casio Huaire, no contiene ningún acápite que haga referencia alderecho a la vida y de vivir en un entorno sano. La empresa Doe Run tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales que el complejo metalúrgico pudiera originar en la ciudad de La Oroya. Sin embargo, a lo largo de estos años, gobiernos anteriores concedieron a Doe Run Perú dos prórrogas que le permitieron postergar el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y seguir operando el complejo metalúrgico. Hoy en día hay fuertes demandas también de parte de los trabajadores de Doe Run que presionan para empezar las operaciones. Pero no es posible que el derecho al trabajo se contraponga al derecho a la salud de toda la población de La Oroya y exigimos al Estado que encuentre una solución que no polarice ambas demandas.

Por lo expuesto demandamos al gobierno otorgue todas las garantías a Monseñor Barreto y al equipo completo de PASDIH, así como a todas las personas que defienden el medio ambientey exige una solución acorde con el respeto de los derechos fundamentales de los pobladoresde La Oroya, como son el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano.

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

José De Echave sobre Doe Run: Se está premiando a una empresa incumplidora

José De Echave.

Entrevista concedida por el ex viceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, al programa Exitosa Noticias de Huancayo, y reproducida por el diario El Sol.

¿Cuál es su opinión de la propuesta que se encuentra en el Congreso para una nueva ampliación del PAMA de la empresa Doe Run Perú?

Sumamente preocupado. Es una propuesta que no recoge la verdadera dimensión de lo que pasa en La Oroya. No hay ni un artículo que exprese y busque la protección de la salud. Le da todas las facilidades a Doe Run y deja abierta las puertas para que la empresa nuevamente incumpla. La iniciativa plantea una nueva ampliación del plazo para el PAMA, de dos años. Habla de que si existiesen problemas financieros podrían plantear prórrogas, la exonera de la posibilidad de que si se definen nuevos límites máximos permisibles ambientales, la empresa tendría 5 años de protección. Añadiéndole los dos años, estaríamos hablando de siete. Se está premiando a una empresa incumplidora.

¿Cuáles serían las soluciones políticas y sociales para la salvaguarda de la población?

Ese es el punto. Creo que hay salida que no son los del tipo de medidas planteadas o las que propone la empresa. A estas alturas, siglo XXI, contraponer el derecho al trabajo con el de la salud es inaceptable. Hay que salir de ese falso dilema. El Estado tendrá que hilar muy fino para contrapesar lo económico, lo laboral y también el derecho a la salud.

¿Cuál sería la salida?

El PAMA es un monto de inversión y un conjunto de proyectos, que son nueve. La empresa dice que ha cumplido con ocho, que sólo falta uno. Sin embargo, ese uno representaba el 60% del monto comprometido: la famosa planta de sulfúricos. Una salida sería que el complejo
metalúrgico reinicie operaciones en el nivel que tiene que ver con los circuitos productivos cuyos
proyectos ambientales ya han sido cumplidos y dejar pendiente la parte que falta. Que reinicie las operaciones condicionada al cumplimiento de las obligaciones ambientales. No olvidemos que esta sería la tercera ampliación. La primera fue en el 2006, por dos años; después, en el 2009, por 30 meses.

En Huancayo, monseñor Pedro Barreto ha dicho sí a la reactivación, pero solo después del cumplimiento del PAMA.

Totalmente de acuerdo. Ese es el escenario que hay que comenzar a definir y pensar. Es un pronunciamiento fundamental, teniendo en cuenta el comportamiento reiterado de incumplimiento de la empresa Doe Run, que ha sido suspendida de la Sociedad Nacional de Minería. Ni las propias empresas la consideran confiable. Ha incumplido el código de ética de esa sociedad. Tiene pésimos antecedentes en Estados Unidos, donde fue reiteradamente sancionada. Acá también ha incumplido permanentemente.

¿Significa entonces que la empresa no reinicie operaciones en mayo sino luego de que haya cumplido el PAMA?

Hay que hilar muy fino para encontrar salidas bien estructuradas. Es perfectamente posible que la empresa reinicie operaciones en los circuitos vinculados a los proyectos que ya han sido cumplidos. Si se reinician operaciones tal como lo solicita la empresa y como el congresista Huaire
plantea, nuevamente las emisiones se van a disparar y los impactos serán en la salud de la población.

¿Cuál sería la labor del Estado en el aspecto social, con la población contaminada con plomo?

El Estado tiene la misión de salvaguardar el interés nacional y en este caso el derecho a la salud de la población de La Oroya. Se ha equiparado los diferentes intereses con la salud, como si esto fuese una contraposición. No es así. Hay un problema gravísimo de salud pública, con población que estuvo expuesta por décadas a contaminación por metales pesados: plomo, arsénico
que causan daños neurológicos y cancerígenos. El año pasado la Dirección Regional de Salud realizó un estudio con el complejo sin operar, que muestra que los niveles de plomo en sangre han bajado. Eso evidencia la correspondencia del complejo metalúrgico y el plomo en sangre de la población de La Oroya. Pero aunque haya bajado, siguen siendo niveles altos. Más o menos el 47% tiene plomo en sangre por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

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